El OVSP determinó en su más reciente estudio de percepción ciudadana que 61 % de los venezolanos estaría de acuerdo con un eventual aumento en las tarifas de servicios, siempre y cuando se tradujera en una mejora de los mismos, y 56,7 % aprueba la privatización de empresas prestadoras.
Caracas. «El colapso económico lleva al colapso de los servicios públicos y este profundiza el económico», asegura el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Ángel Alvarado. Al menos 70 % de los venezolanos ha cambiado su rutina diaria producto de los apagones, situación que también afecta variables como el consumo y la producción, y que incide en el desarrollo económico del país.
La actividad económica en Venezuela se contrajo 40 % en 2019 y tuvo su punto más bajo durante el primer trimestre del año debido, en parte, a los megapagones de marzo. En ese período, el índice, que coincide en un 80 % con el PIB, fue de -25 %; mientras que en el lapso 2013-2019 el total fue de -72 %.
En un foro organizado por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP), el diputado Alvarado resaltó que para resolver el problema de los servicios es necesario que, ante todo, se solucione la crisis política para luego hacer lo mismo con la económica, en ese orden. «El orden de los factores sí altera el producto», mencionó.
Mejorar los servicios públicos requiere inversión, dice el parlamentario, y para ello destaca cuatro opciones: financiamiento internacional, incremento de la producción petrolera, recaudación fiscal o privatización.
Descarta, al menos en el corto plazo, que la primera pueda llevarse a cabo pues el gobierno de Nicolás Maduro no cuenta con reconocimiento internacional que le permita acceder a créditos de instituciones como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por su parte, la producción petrolera está en su punto más bajo en décadas —sumado a que las empresas que producen están exentas de pagar impuestos— y las recientes medidas impositivas y monetarias (como la dolarización de facto) no hacen sino promover la evasión fiscal, lo que impide que el Estado pueda destinar dinero a inversión en servicios públicos.
Más allá de la privatización o la estatización
El OVSP determinó en su más reciente estudio de percepción ciudadana que 61 % de los venezolanos estaría de acuerdo con un eventual aumento en las tarifas de servicios, siempre y cuando se tradujera en una mejora de los mismos. Por su parte, 56,7 % aprobaría privatizar las empresas prestadoras, cuya mayoría son propiedad del Estado.
Ángel Alvarado, quien es miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la AN, señala que para solucionar la crisis de los servicios es necesario contar con la participación del sector privado y que existen modelos exitosos en los que la gestión la maneja la empresa privada y la propiedad sigue siendo estatal.
Aseguró que desde la Asamblea Nacional proponen la creación de un fondo especial que contará con «financiamiento masivo internacional» de entre 80.000 y 100.000 millones de dólares que se destinarán a la recuperación de las capacidades del Estado, del sistema financiero y de los servicios públicos. Aún así, Alvarado resalta que se le debe brindar posibilidades al sector privado de invertir en la recuperación y optimización de los servicios públicos.
En cuanto a las tarifas, las mismas se deben ir aumentando progresivamente, al mismo ritmo de la posible recuperación económica. En un principio, el Estado tendría que subsidiar el costo hasta que el grueso de la población tenga suficiente poder adquisitivo para pagar completamente los servicios.
No tendría sentido que lo que puede ser usado para financiar el sistema de salud o la educación, sea usado para financiar o subsidiar la gasolina o los servicios a personas que no solamente podrían pagarlo sino que están dispuestos a cancelar tarifas adecuadas«, expresó el parlamentario por el estado Miranda.
El colapso es una acción deliberada del Estado
La desigualdad en cuanto a la existencia o no de los servicios públicos es palpable a simple vista. Ciudades como Maracaibo, San Cristóbal y Barquisimeto distan mucho de la región capital en cuanto a valoración y evaluación de la calidad del servicio, pese a que en Caracas también hay fallas constantes de agua, luz y gas doméstico.
Para Paola Bautista, presidenta de la asociación civil Formación y Acción (Forma), tal hecho no es aislado, sino que responde a la necesidad de mantener la crisis lo más lejos posible del centro de poder.
La solución real y definitiva a la crisis de los servicios está asociada a un cambio de régimen, pues este no está en capacidad política ni técnica de afrontarla«, destacó Bautista.
Advierte que, debido a que «al régimen solo le importa mantenerse en el poder», buscará aliviar problemas asociados a fallas de servicios solo si puede obtener un beneficio político o mantener la estabilidad del poder a cambio.
Recomienda articular las protestas ciudadanas con el fin de generar un cambio político y económico que permita mejorar la calidad de vida de los venezolanos.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reportó que en 2019 se registraron 5375 protestas asociadas al colapso de servicios públicos, 31 % más que en 2018, cifra que solo fue superada por las protestas que exigían derecho a participación política.
Nota Publicada y redactada por Cronica Uno.
