El aumento de la gasolina a precios internacionales va a cambiar la vida de los venezolanos y la dinámica de sus ciudades. El impacto macroeconómico se reflejará de manera importante en el índice general de los precios de junio, y el de octubre, cuando el subsidio sobre el transporte público acabe, y el salario pierda una nueva batalla frente a los precios.
A todo efecto, el aumento de la gasolina sobre el presupuesto familiar va a ser desbastadora. La cantidad de viajes tendrán que reducirse y las salidas optimizarse. A muchos no les quedará otro remedio que el uso del transporte público. Pero, ¿cuál transporte público?
El transporte público superficial se ha reducido en 75%, se encuentra desarticulado y sin integración modal, prestando un servicio precario, con unidades en mal estado o en “perreras”, con limitaciones de horarios, asediado por la delincuencia y sin sistema de pago unificado.
El transporte público es clave para garantizar la capacidad de las personas de acceder a las oportunidades que ofrece la ciudad. Sería ingenuo pensar que la movilidad en Venezuela llega a todos por igual: hay personas que tienen más posibilidades de movilizarse que otras, hay quienes pueden movilizarse mucho más rápido y en más direcciones.
El transporte público es visto muchas veces como inversión en capital físico o en infraestructura, cuando es sobre todo una política social, tan importante e incluyente como lo es la salud o la educación.
Los venezolanos que se mueven en transporte público reciben un servicio de baja calidad, inseguro, estresante, lento. Esto representa económicamente una pérdida diaria de millones de horas-hombre que pudieran emplearse más lucrativamente. La mejor expresión de este pésimo servicio son los 15.000 minibuses (muchos piratas) que sin una instancia rectora metropolitana atraviesan la ciudad de Catia a Petare haciendo de las suyas. Dentro de este universo encontramos las típicas “camioneticas”, los “jeepses”, los moto-taxis y las “perreras”.
Ha sido una lástima que todas las políticas de los últimos años hayan estado orientadas a priorizar el transporte individual y el uso del vehículo particular por sobre los demás modos de transporte. Su máxima manifestación es el subsidio de la gasolina anual de 16 MIL MILLONES DE DÓLARES que se otorgaba a los propietarios de vehículos particulares. Ese monto se hubiese podido destinar a la inversión en transporte público masivo (pesado o subterráneo) o a la culminación de los proyectos de trenes de cercanía a las ciudades alrededor de Caracas como San Antonio, Carrizal, Santa Teresa, Santa Lucia, Guarenas y Guatire.
Las únicas inversiones que se hicieron durante el gobierno de Hugo Chávez buscaban resultados electorales y comisiones para la cleptocracia, como las hechas en Petare por la empresa brasileña Odebrecht que construyó el Metro Cable de Mariche con un sobre precio de 30%, o el Cable Tren de Petare con un costo por kilómetro recorrido 4 veces mayor al Ferrocarril del Tuy. Ninguna de estas obras, con alta carga política-electoral, logró darle el voto popular en este barrio que represento en la Asamblea Nacional.
El fin del subsidio de la gasolina nos plantea retos importantes en cuanto a la necesidad de invertir en una política social inclusiva que conecte a Caracas, de manera especial las zonas populares con la ciudad formal. Pienso, por ejemplo, en la necesidad de terminar el Metro Cable Petare-Dolorita, obra de Odebrecht que está inconclusa; o la importancia de construir el Metro Cable Petare-Maca-San Blas-La Cruz del Morro en Petare Sur; o terminar el Cable Tren Bolivariano que conecte Petare con la Universidad Metropolitana. Son proyectos que podrían terminarse por unos 500 millones de dólares en el nuevo gobierno de Emergencia Nacional.
Esa política de transporte público inclusivo también nos debe llevar a mejorar la conectividad de la zona Metropolitana de Caracas con las Gran Caracas: El Tuy, Guarenas-Guatire y los Altos Mirandinos. Para ello es fundamental emprender las obras de la Línea 2 del Metro de los Teques (Carrizal-San Antonio) y la Línea 3 del susodicho (San Antonio-Potrerito-La Mariposa). Así como también la Línea 6 del Metro de Caracas (que conecta con Guarenas-Guatire) que se había prometido para el año 2012. Para finalizar estas obras se requieren más de 2 mil millones de dólares que podrían financiarse con el fondo para la reconstrucción de Venezuela que gestionaremos en los organismos multilaterales en el nuevo gobierno.
El fin del subsidio de la gasolina marca el fin de una Venezuela petrolera. Debemos dejar la política del despilfarro del pasado para comenzar una nueva política de conservación del patrimonio vial existente, como el Sistema Metro o el Ferrocarril del Tuy. De igual forma se debe pasar del subsidio indirecto a un subsidio directo al usuario, el cual es más eficiente y podría hacerse a través de una tarjeta de “movilidad integrada”.
Finalmente debemos ir a la expansión del sistema Metro con criterios de eficiencia y transparencia en el marco de la descentralización. Así como experimentar sistemas de transporte no motorizados como la Ciclo vía Catia-Av Libertador-Petare con estacionamientos para bicicletas a los largo del trayecto. Se abre este nuevo debate y desde ya empezamos la lucha para lograr inversiones en esta política social que nos lleve a ser una sociedad verdaderamente inclusiva y justa.